Legalidad sobre los perros de guarda y protección
Cuando se habla de la legalidad de perros de guarda y protección, el debate suele centrarse en dos esferas. La primera se refiere a los potenciales riesgos que la tenencia de estos animales puede implicar al bienestar de terceros. Mientras que la segunda se centra en la garantía de la integridad física y mental de los propios perros empleados en este tipo de tarea.
Principales problemáticas de la tenencia de perros guardianes o de protección
Se suele cuestionar si los perros de protección representan o no potenciales riesgos a otros individuos, ya sean humanos u otros animales. En este punto, el debate se entrecruza con las discusiones sobre los llamados perros potencialmente peligrosos.
¿Es justo prohibir o limitar la tenencia de ciertas razas por su forma física o herencia genética? ¿Se necesitan reglas más estrictas para garantizar que los perros de guarda y protección estén debidamente entrenados para el desempeño de estas funciones?
Por otro lado, se cuestiona sobre las condiciones de vida de los animales creados para el ejercicio de dichas tareas. ¿Los perros guardianes reciben los mismos cuidados con respecto a su salud y bienestar que los de compañía?
¿Se podría considerar que los propietarios explotan sus capacidades naturales y ponen en riesgo su integridad física y mental para obtener beneficios propios? ¿Cuál es el destino de un perro de guarda cuando su función deja de ser requerida?
Ninguna de estas discusiones está exenta de polémicas y discordancias. Pero, en líneas generales, las normativas intentan mitigar los potenciales efectos nocivos o peligrosos de la tenencia de perros de protección o guardianes. Tanto para los propios canes, como para los individuos que puedan entrar en contacto con ellos.
¿Qué determina la ley española sobre los perros de guarda y protección?
En España, aún no se cuenta con una ley marco a nivel estatal sobre perros destinados a tareas de guarda y protección. Al igual que la regulación de los perros de caza, esta cuestión es delegada a las Comunidades Autónomas la responsabilidad de legislar sobre la materia.
En consecuencia, nos encontramos con diferentes normativas autonómicas y municipales que orientan la tenencia de perros de guarda y protección. Así como las posibles sanciones aplicables a los propietarios que incumplan las normas previstas para el manejo y cuidado de sus canes.
Para mencionar un ejemplo, veamos los principales aspectos legales de la legislación municipal vigente en Madrid. En su territorio, la crianza de perros guardianes está regulada mediante la Ordenanza Reguladora de la Tenencia y protección a los Animales.
El ejemplo de la Legislación Municipal de Madrid sobre perros guardianes
En primer lugar, la mencionada Ordenanza prohíbe que hembras o cachorros menores de seis meses se dediquen a la guarda y protección. También determina que los canes dedicados a estas labores deben mantenerse en ambientes correctamente acondicionados y delimitados.
La prioridad es reducir las probabilidades de que puedan ocasionar daños a personas, bienes y propiedades.
La legislación madrileña hace obligatoria la advertencia visible a los demás sobre la existencia de un perro de guardia en las propiedades. Además, los propietarios deben asumir la responsabilidad civil por los daños físicos y materiales que sus animales provoquen a terceros y al patrimonio público.
Respecto al bienestar de los perros de guarda y protección, la Ordenanza prevé que no pueden estar encerrados o atados de forma permanente. El hecho de llevar cadenas o correas tampoco debe impedir su movilidad o libertad mínima de movimientos. Es decir, necesitan poder moverse en su entorno y tener un espacio mínimamente cómodo según su tamaño.
En caso de que el can viva y duerma en el exterior, necesita poseer también un refugio para que la intemperie no ponga en riesgo su supervivencia. Si se incumple alguna o varias de estas normas, la tenencia se vuelve denunciable por maltrato animal.
¿Cómo denunciar el maltrato a perros de guarda y protección?
La denuncia puede hacerse de forma directa ante las autoridades competentes, o mediante una protectora animal que cuente con el apoyo de un gabinete jurídico. La ventaja de esta última alternativa es que los profesionales voluntarios podrán ofrecer asesoría sobre la legalidad de los perros de guarda y protección, y orientar la realización de la denuncia.
En ambos casos, lo ideal es aportar documentos que prueben las condiciones inapropiadas a las que es sometido el animal. Con videos, fotos o testigos, se vuelve más sencillo y viable demostrar que el propietario incumple las normas para la tenencia legal de estos canes.
También se recomienda que la denuncia cuente con la firma y el testimonio del propio denunciante. Si bien es posible denunciar el maltrato animal de forma anónima, la identificación del denunciante y las pruebas dan más seriedad y peso a la denuncia, haciendo que se procese más rápidamente.
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- Comunidad de Madrid. 2019. Ordenanza reguladora tenencia de animales. Extraído de: https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/07/10/BOCM-20190710-35.PDF
- Ministerio de Agricultura, pesca y alimentación. Tenencia de animales de compañía. Extraído de: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/bienestanimal/animales-compania/default.aspx